Verifactu en 2027: cronología completa, sanciones y territorios, con las fuentes al lado

Si busca hoy la fecha de Verifactu encontrará tres respuestas distintas y todas parecerán oficiales. Julio de 2025 en los artículos que nadie ha actualizado, 2026 en los que se quedaron en la primera prórroga, y 2027 en los que sí lo están. El problema no es que la información sea falsa: es que fue verdad en su momento y nadie le puso fecha de caducidad.

Esta es la cronología con la norma concreta que fija cada hito, para que pueda citarla en una circular sin tener que comprobarla otra vez. Y con dos cosas que casi nunca se cuentan juntas: que hay un plazo que ya venció y no se prorrogó, y que las sanciones no son una sola cifra, sino tres tramos con criterios de cómputo diferentes.

Cuándo entra en vigor Verifactu

Conviene fijarse en la preposición: la norma dice antes del 1 de enero de 2027, no a partir de. La adaptación tiene que estar hecha cuando llegue esa fecha, no empezada. Para un despacho que trabaje con cierres de ejercicio eso significa que el trabajo con la parte societaria de la cartera cae de lleno en 2026, no en el arranque de 2027.

El plazo que venció y que ninguna prórroga tocó

Es el dato más útil de toda la cronología y el que menos circula. Significa que un programa comercial que a día de hoy siga sin versión adaptada y sin declaración responsable publicada no está esperando a 2027: lleva más de un año fuera de plazo. Para quien lo usa, eso no es una tranquilidad, es una alarma, porque la migración a otro producto necesita meses y no se improvisa en diciembre.

Cuánto se arriesga quien no se adapta

Dónde aplica y dónde no: el mapa territorial

El criterio de exclusión no es la ubicación del local ni el domicilio social, sino si la actividad queda sujeta a normativa foral en IRPF o en Impuesto sobre Sociedades. Una sociedad con oficina en San Sebastián pero sujeción a territorio común entra en Verifactu, y un profesional con sujeción foral no entra aunque facture a clientes de Madrid. Es un detalle que conviene verificar cliente por cliente y no por el código postal.

Quién queda fuera aunque esté en territorio común

Además del criterio territorial hay dos exclusiones que afectan a mucha gente y que suelen pasarse por alto en las circulares masivas.

• Quien factura exclusivamente de forma manual, sin ningún sistema informático. La AEAT lo dice así: si la facturación se produce de forma manual, el reglamento no le afecta porque no utiliza ningún sistema informático de facturación. Maquetar la factura en un procesador de textos o en una hoja de cálculo no cuenta como manual.
• Quien está adscrito al SII, de forma obligatoria o voluntaria. Los ámbitos son excluyentes: quien cumple con el SII no ha de cumplir con el reglamento de sistemas de facturación. Afecta a los obligados por superar los 6 millones de euros de facturación, a los grupos de IVA y a los inscritos en el REDEME.
• Quien disponga de una resolución en vigor de no aplicación que le exima expresamente de cumplir el reglamento.

¿Habrá una tercera prórroga?

Nadie que le dé una respuesta segura a esta pregunta la tiene. Lo que sí se puede hacer es mirar el comportamiento del legislador hasta ahora, que es un dato y no una opinión.

Lo que apuntaría a que sí

• Las dos prórrogas anteriores se decidieron muy tarde. La primera llegó el 1 de abril de 2025 para una fecha del 1 de julio de 2025; la segunda, el 2 de diciembre de 2025 para una fecha del 1 de enero de 2026. El precedente es la decisión de última hora, no la planificación.
• La factura electrónica B2B obligatoria sigue sin orden ministerial publicada. Si esa orden sale en los próximos meses, los plazos de las dos obligaciones se solaparán en 2027 y ese solapamiento es un argumento que las asociaciones empresariales ya han utilizado antes con éxito.
• El argumento de fondo de las dos prórrogas anteriores, la dificultad de adaptación de las empresas más pequeñas, no desaparece para el colectivo que tiene fecha en julio de 2027, que es precisamente el de autónomos y microempresas.

Lo que apuntaría a que no

• El plazo de los fabricantes venció el 29 de julio de 2025 y ninguna de las dos prórrogas lo tocó. El legislador ha mantenido la presión sobre la oferta mientras la relajaba sobre la demanda, lo que sugiere que el objetivo es que el software esté listo antes, no que la obligación se posponga indefinidamente.
• La infraestructura ya existe: las especificaciones técnicas están publicadas desde octubre de 2024, el entorno de pruebas de la AEAT lleva tiempo operativo y hay producto adaptado en el mercado. El argumento de la imposibilidad material se ha ido agotando.
• La propia segunda prórroga ya introdujo un escalonamiento entre sociedades y resto de obligados. Ese escalonamiento es en sí mismo la respuesta a la petición de más tiempo para los pequeños.

La conclusión operativa es la misma en los dos escenarios. Una prórroga que se anuncie en diciembre de 2026 no le sirve de nada a quien pensaba empezar en noviembre. Planificar sobre las fechas en vigor cuesta lo mismo y, si llega la prórroga, el despacho se encuentra con trabajo hecho y margen, no con una mudanza de software en el peor mes del año.

Qué hacer con estas fechas

Las fechas por sí solas no sirven de nada si no están pegadas a una lista de clientes. El uso práctico de esta cronología es partir la cartera en dos bloques, el de enero de 2027 y el de julio de 2027, y trabajar el primero durante 2026. Cómo hacer ese reparto y qué comprobar en cada cliente está detallado en el framework de auditoría de cartera, y la diferencia con la otra obligación que llega en paralelo, en la comparativa entre Verifactu y la factura electrónica B2B. Si prefiere el resumen operativo para su propio despacho, está en la guía de Verifactu para despachos.